El tratamiento del instituto de la prescripción en el derecho ambiental: características y el impacto de la Ley de Procedimientos Administrativos

La prescripción es un concepto jurídico que se refiere a la adquisición o extinción de derechos o acciones por el transcurso del tiempo determinado. En el contexto del derecho ambiental en Paraguay, la prescripción se aplica a las acciones legales que buscan la protección del medio ambiente y la sanción de infracciones ambientales y forestales.

En Paraguay, la prescripción está regulada principalmente por el Código Civil y, en el marco de este artículo, por la Ley de Procedimientos Administrativos. La prescripción puede limitar la capacidad del Estado para perseguir administrativamente a quienes infrinjan normas ambientales si transcurre el tiempo establecido. Este mecanismo promueve la seguridad jurídica mediante la estabilidad en las relaciones jurídicas, permitiendo a los sujetos confiar en que, una vez transcurrido el tiempo legalmente establecido, no se les podrá exigir responsabilidad por actos pasados.

La figura de la prescripción liberatoria es una institución jurídica en la que el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en la consolidación de derechos. A través de ella, los derechos pueden adquirirse o extinguirse válidamente. La prescripción no se basa en una simple presunción de extinción de una obligación, sino que es una institución de orden público, cuyo fundamento radica en la necesidad del Estado de garantizar estabilidad y certeza en los derechos. Por esta razón, la prescripción no debe declararse de oficio, sino a petición de parte.

Si bien se ha argumentado que la prescripción conlleva una presunción de liberación de responsabilidad, su motivo predominante es el interés social y el orden público. Esto tiene implicaciones significativas en la gestión de recursos naturales y la responsabilidad por daños ambientales.

I. Plazo

Existe un principio fundamental de inmutabilidad de las reglas para el cómputo de los plazos, el cual se basa en la necesidad de brindar seguridad y certeza jurídica dentro de un Estado social de derecho y democrático.

Este principio está estrechamente vinculado con cuestiones de orden público, y la inobservancia de los plazos puede derivar en nulidad absoluta. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento al respecto debe ser solicitado por la parte interesada. Esta situación se subsume en una nulidad sustancial por violación de derechos procesales constitucionales y legales.

Para el cómputo del plazo de la prescripción liberatoria de infracciones ambientales, siguiendo un criterio positivista, debe considerarse lo establecido en la Ley 6715/2021. Esta normativa sigue el lineamiento constitucional del artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece:

"La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones de inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación enunciado."

La norma constitucional establece con claridad el orden de prelación de las leyes. En este sentido, la Ley 6715/2021 de Procedimientos Administrativos dispone que el plazo de prescripción es de dos años desde la ocurrencia de la conducta o inconducta, estableciéndose el inicio del plazo desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación.

Para los daños ambientales cuyos efectos negativos son perceptibles desde la fecha de ocurrencia del hecho o la omisión degradadora, el plazo de prescripción comienza a correr desde ese mismo momento. En este sentido, Mosset Iturraspe señala:

"El comienzo del plazo de prescripción no es otro que desde el día en que acontece el hecho (el hecho ilícito se produjo) o desde que el daño es cierto y susceptible de apreciación. Es decir, en casos como el presente en los que el daño no es contemporáneo sino sobreviviente, el curso de la prescripción comienza cuando el daño se muestra cierto y susceptible de apreciación."

II. Críticas y Desafíos

• Dificultades en la Aplicación: La falta de claridad en los plazos de prescripción puede generar incertidumbre. Además, la protección del medio ambiente a menudo requiere acciones a largo plazo, lo que puede chocar con los plazos de prescripción establecidos.

• Balance entre Desarrollo y Protección: Es necesario encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, considerando que la prescripción puede favorecer a quienes causan daños ambientales.

La prescripción en el derecho administrativo ambiental paraguayo es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Si bien ofrece seguridad jurídica, también plantea desafíos en la protección efectiva del medio ambiente. Es fundamental que el marco normativo evolucione para garantizar que la prescripción no impida la responsabilidad y la protección del entorno natural.

En este contexto, la prescripción implica la extinción de la acción legal para perseguir delitos ambientales o para exigir la reparación de daños ambientales debido al transcurso del tiempo. Por ello, es fundamental que los actores involucrados, tanto autoridades como ciudadanos, comprendan los plazos y condiciones de prescripción para ejercer sus derechos de manera efectiva y contribuir a la protección del medio ambiente.